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Auditoría técnica, tarea pendiente con regiones

El INRA no cumplió acuerdos de análisis y estudios sobre el tema tierras, según indicaron varias autoridades municipales



Fuente: El Deber, Álvaro Rosales Melgar.

Ante la encrucijada y las susceptibilidades que despierta el saneamiento y dotación de tierras del Instituto Nacional de Reforma agraria (INRA), autoridades municipales se refirieron a este asunto y apuntan a una auditoría técnica para disipar dudas y transparentar este escenario que agobia a zonas rurales de Santa Cruz.

El primero fue el alcalde de San José de Chiquitos, Germaín Caballero, quien reconoció que no existe una precisión documentada sobre las supuestas irregularidades en la labor del INRA, pero que es ‘vox populi’ que la entidad sea observada por una serie de anormalidades en la distribución de tierras y en la ocupación de áreas de aprovechamiento forestal para actividades agrícolas.

“Se acordó con el INRA el trabajo en mesas técnicas para ver las condiciones de asentamiento. Hubo reuniones que no prosperaron. Todo quedó en las mismas condiciones y quedan cuestionamientos sobre ocupaciones en San Miguel y San Ignacio de Velasco en zonas inapropiadas. Son elementos que el INRA no logró corregir o probar las observaciones de las autoridades”, aseveró Caballero.

La situación se torna preocupante para el alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces. “Aquí no se autorizó nada, ni hubo la coordinación necesaria. La auditoría técnica es urgente”, expresó el ejecutivo, a tiempo de agregar que actualmente se tienen conflictos entre autoridades, organizaciones interculturales y los ‘sin tierra’.

En la gestión de Salces se otorgaron 160 resoluciones de asentamiento y la autoridad lamentó que estas acciones se hagan en un gabinete sin ver los terrenos, tema que después recae sobre la planificación del municipio.

Mientras que el burgomaestre de San Miguel de Velasco, Óscar Dorado, dijo que había un compromiso del INRA y del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para realizar auditorías y analizar asentamientos, pero no se cumplió. “El INRA otorgó 69 resoluciones de asentamiento en 130.000 hectáreas de nuestro municipio a gente que no es de la región y encima en predios ocupados, no reconocimos ni una sola. En nuestro pueblo ya teníamos 53 comunidades reconocidas”, resaltó.

Entretanto, el alcalde de San Rafael, Julio Alvis, remarcó que el 80% de las tierras de su municipio son de uso forestal y que el INRA hace caso omiso y otorga espacios sin hacer consultas. “Tenemos datos extraoficiales de que hay más de un centenar de comunidades no registradas”, subrayó.

Amdecruz ni se enteró

Desde la Asociación de Municipios Santa Cruz (Amdecruz), el presidente Rodolfo Vallejos, aseguró no estar al tanto de los conflictos referidos al INRA y que no conoce reclamos mayores.

Agregó que en el tema de saneamiento de tierras están involucradas las organizaciones sociales y sindicatos.

En Ascensión de Guarayos, el munícipe Suizo de Nilson, apuntó que son los dirigentes de los grupos ‘sin tierra’ quienes suman a más gente y este problema tiene que ser responsabilidad de los funcionarios del INRA y no de sus cabezas principales.

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