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Cicatriz de incendios de 2019 coincide con los asentamientos aprobados por el INRA

Hasta el año pasado, el Instituto Nacional de Reforma Agraria aprobó 1.455 nuevas comunidades en el país, 945 en el departamento cruceño. La mayoría de ellas en la Chiquitania.


Fuente: El Deber, Silvana Vincenti.

El 90% de las dotaciones de tierra presenta irregularidades, que van desde comunidades fantasmas y sobrepuestas, hasta falta de documentos, procedimientos mal llevados, varias dotaciones a una misma persona, etc., según datos del Viceministerio de Tierras.

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) actualmente está en un proceso de auditoría de las resoluciones emitidas por la anterior gestión, razón por la que ha suspendido autorizaciones.

EL DEBER accedió a una gráfica que muestra la coincidencia entre los asentamientos en el departamento cruceño y la cicatriz que dejaron las millones de hectáreas quemadas en la Chiquitania en 2019. Y ante la pregunta, el viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, confirmó que hay una relación entre ambos.

“Con el Consejo Nacional para la Reducción y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) hemos detectado que sí existe la probabilidad latente de que estas comunidades hubieran iniciado algunos fuegos”, confirmó.


El sábado, Terrazas se reunió con las autoridades municipales del departamento. “Tienen una petición bastante fuerte, por lo que nos comprometimos a realizar la fiscalización, solo que los recursos limitados y la pandemia nos han detenido”, dijo.

Precisamente, el sábado se registró en el Tesoro General de la Nación (TGN) una partida de Bs 2 millones para comenzar con esa labor, aunque el presupuesto total es de Bs 14,5 millones. “Ya tenemos los recursos y haremos un primer ingreso junto al control social, Dios mediante en un mes, para fiscalizar en campo, aunque por estrategia no diremos dónde”, adelantó el viceministro. También aclaró que no es que simplemente sacarán a la gente asentada.

“Hay comunidades que, de repente, están en posesión y trabajando, dedicadas a la agricultura y ganadería, revisaremos su documentación y, si está mal, vamos a reencauzar, veremos sus nuevas listas con sus indígenas o campesinos que se encuentren en el lugar para emitir una nueva resolución que les permita, ya de manera correcta y legal, seguir sus procesos, cosa que el Gobierno que llegue no tenga que fiscalizar, sino dar continuidad al proceso que nosotros dejamos”, dijo.


De acuerdo a los reportes del INRA, en las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS) se distribuyeron tierras a 1.455 comunidades en todo el país, 945 de ellas en Santa Cruz, la mayoría en la Chiquitania. En la provincia Cordillera solo se contabilizaron alrededor de 80 asentamientos.

Terrazas reconoció que el Comité Cívico de las Provincias Chiquitanas maneja cifras distintas a las del INRA en cuanto a los asentamientos. “Según sus registros, ellos dicen que son más de 2.000 comunidades, eso quiere decir que algunas han entrado ilegalmente, de repente con autorización verbal, pero documentos no tenemos. El 25 de septiembre nos volveremos a reunir con ellos para hacer un boceto de esas supuestas comunidades, y de ese modo incluirlas en la fiscalización”, dijo.


Las dotaciones del INRA se realizaron en el marco de la Ley 1715, modificada por la Ley 3545 y el reglamento 29215.

“La norma prevé que después del proceso de saneamiento, estas tierras fiscales deben ser distribuidas a comunidades campesinas e indígenas. En base a este marco jurídico, el INRA, bajo el Gobierno del MAS, hizo una distribución irrestricta de tierras, sin contemplar una distribución integral, es decir que no se da tierra si la comunidad no tiene recursos ni capacidad de producir”, dijo.

Según la autoridad, incluso algunas autorizaciones para la dotación se hicieron de forma verbal por ministros y viceministros, lo que originó sobreposiciones de comunidades, que deben ser resueltas por el INRA.

“No podemos permitirles que concilien sobre tierras que no son de ellos, sino del Estado.

La Constitución Política del Estado (CPE) nos da la tuición para que nosotros, como Gobierno, a través del INRA, como brazo operativo, con las políticas que surjan desde el Viceministerio de Tierras, generemos la distribución legal y correcta de la tierra, en cumplimiento de su vocación, pero no podemos distribuir en monte o en áreas protegidas” (AP), aclaró.