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Designación de personal en áreas protegidas es irregular

Los cambios de directores y guardaparques provocaron la indignación de sectores ciudadanos, profesionales y de los comités de gestión, que ven ’mano política’

Fuente: El Deber/ Silvana Vincenti

Los actores de la defensa del medio ambiente coinciden en que no es novedad. El reglamento de áreas protegidas (AP) ha sido violentado históricamente, no solo en esta gestión, con la diferencia de que esta vez la indignación se viralizó porque la reestructuración fue masiva.

El reciente movimiento de recursos humanos, definido desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), incluyó 18 nuevas designaciones de directores sin convocatoria pública, como manda el Reglamento de AP, enmarcado en la Ley de Medio Ambiente 1333 y dejó con acefalía a las restantes AP.

La reestructuración también afectó a los jefes de protección, guardaparques y profesionales técnicos de la oficina central, en La Paz, algunos de los cuales ya fueron restituidos, debido a la presión.

A través de pronunciamientos, más de medio centenar de instituciones, incluida la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), manifestaron su repudio y exigieron la renuncia del nuevo director del Sernap, Teodoro Mamani Ibarra. Asimismo, legisladores ya hicieron su solicitud de informe al Sernap.

La tensión llegó a tal punto que los guardaparques, con sus propios recursos económicos, viajaron hasta la sede de Gobierno para exigir mejores condiciones. De la reunión salió un acta de tres puntos, pero los guardaparques, de acuerdo a entrevista con EL DEBER, quedaron con sabor a poco porque no les da plazos ni resuelve los problemas de fondo.

Denuncias

Los reclamos de los distintos grupos ciudadanos y profesionales, que se agruparon ante la emergencia, manifestaron que desde el mismo director del Sernap, hasta algunos de los nuevos directores de AP, no tienen experiencia en el tema medioambiental.

Aseguran que en la lista de nuevas contrataciones hay ingenieros comerciales, industriales, arquitectos, bioquímicos, dirigentes sindicales y familiares de excandidatos del Movimiento al Socialismo.

Según Alex Villca, del Parque Nacional Madidi, la nueva directora es hija del excandidato a la Alcaldía por San Buenaventura. En el Parque Noel Kempff Mercado, el director saliente, Sandro Áñez, manifestó que la entrante, Clarisse Vega Vargas, está avalada por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc). Según publicaciones, ha pasado por Migración, YPFB y empresa de gas Gasma. Leonardo Gonzales Rocha, nuevo director del Parque Carrasco, anteriormente estuvo en el Viceministerio de Desarrollo Rural y Tierras; sin embargo, algunos de los nuevos directores tienen trayectoria previa en temas medioambientales.

A Teodoro Mamani, actual director del Sernap, lo cuestionan por no tener conocimientos en el tema medioambiental, pero sí una carrera dirigencial en el Movimiento Al Socialismo (MAS), y ser segundo hombre de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTCB), además de tener denuncias por el cobro de un supuesto diezmo para adjudicar una obra con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que manejaba el expresidente Evo Morales.

EL DEBER contactó al personal de comunicación de Mamani, pero este se encontraba en comunidades alejadas y sin señal telefónica.

La normativa

El Reglamento de AP, en su artículo 41, dice que la dirección de un AP estará a cargo de un profesional con título, con experiencia no menor a tres años en temas referidos al manejo de recursos naturales, administración y gestión de proyectos. Asimismo, estipula que en ausencia justificada del director, este designará interinamente al jefe de protección del área o el siguiente en jerarquía.

En el artículo 42, la norma establece que el cargo de director, cualquiera sea la modalidad de administración, será optado mediante concurso de méritos y su ejercicio bajo la modalidad de dedicación exclusiva, siendo incompatible con otra actividad pública o privada.

De acuerdo a un ex asesor legal del Sernap, que prefirió mantener en reserva su identidad, existe una jugada que violenta el reglamento. “Al nombrar directores interinos, automáticamente a los tres meses del interinato, estos ya pasan a ser titulares”, indicó.

Según el legalista, al consolidar el director, ya se consolida el resto de la estructura, pues el director es la máxima autoridad en cada área protegida, y elige a su cuerpo de protección, o lo rota.

Esta figura de rotación es la que tiene un vacío legal en el reglamento, según el experto. “Es discrecional, la rotación es una forma de sacar al trabajador de su área y presionarlo para que renuncie, y beneficiar a los del partido, porque la persona concursa para esa área, conoce ese lugar. Mudarlo implica un gasto extra que debe salir del bolsillo del guardaparques, no está presupuestado”, explicó.

El Reglamento de AP, en su artículo 47, contempla la existencia de los comités de gestión, que incorpora en la gestión de AP a los pueblos indígenas, comunidades originarias establecidas, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas, instituciones privadas y organizaciones sociales involucradas.

Entre sus atribuciones está participar en las evaluaciones periódicas a la dirección del área y participar en la selección de guardaparques.

Sin embargo, Freddy Rivero, presidente de la Asociación de Comités de Gestión que aglutina a cinco áreas protegidas nacionales en Santa Cruz, manifestó que no se los ha tomado en cuenta para las nuevas designaciones, y sin embargo ya ha recibido llamadas posteriores para legitimar esas designaciones y para reunirse con la gente del Sernap. Rivero dijo que no hay una postura oficial ante el Sernap, hasta no reunirse todos los comités de gestión.

“Hay un común denominador en estos nombramientos hechos por el Sernap, y es que no pasaron por una consulta previa a los comités de gestión. En el anterior Gobierno tampoco nos consultaron, ni en el anterior a ese. Son muy pocos los casos de consulta”, cuestionó, y además agregó que casi ningún comité de gestión está informado de los presupuestos y gastos de las áreas protegidas.

La cabeza de los comités de gestión reconoció que existe un problema estructural en el Sernap, arrastrado por muchos años, “es afectado por la incidencia política, menospreciado por los gobiernos de turno, con presupuestos bajísimos, mil limitaciones”, lamentó.

Ya el año pasado la Asociación de Comités de Gestión elaboró un documento de 11 puntos consensuados con el Sernap, estos incluían rotación de guardaparques (en plena pandemia) y los informes sobre la contratación de directores de área.

Avasallamiento

Una de las mayores preocupaciones de los involucrados en el tema de las áreas protegidas tiene que ver con avasallamientos, extractivismo, narcotráfico, etc, que asfixian a estas reservas naturales, ante el silencio, incapacidad o complicidad del Estado.

Alex Villca, portavoz de Contiocap, manifestó que en muchas áreas protegidas se mantuvieron interinatos, porque al estar en esa condición no son responsables de mayores infracciones o delitos que se puedan cometer al interior de estas reservas.

“Esta acción que se hace está para desmantelarlas, desampararlas, ni siquiera para compañías bolivianas, cada vez hay más extranjeras que se entraron a nuestras áreas, asediando”, criticó.

Para Villca, es lamentable que un AP de 400.000 ha, como Pilón Lajas, cuente solo con ocho guardaparques, de 14 que tenía antes, mientras que el Madidi, con casi 20.000 km2, tenga 25.

“Según estimaciones, deberían haber 60 guardaparques en el Madidi para un eficiente control. Es una burla, un indicador que desde el nivel central no hay la voluntad de hacer un control eficiente. Y si nos enmarcamos en lo legal, deberíamos preguntar al Ministerio de Trabajo si se puede firmar un contrato de por vida para evadir responsabilidades, porque la mayoría son a contrato”, lamentó.

El ex asesor legal del Sernap dijo que se están paralizando los procesos administrativos y la persecución a las personas que cometen actos ilegales contra las AP, y que por ende se está permitiendo el extractivismo.

Explicó que ya se tenían informes de pistas clandestinas de aterrizaje, que nunca fueron expuestos ante el Ministerio de Gobierno.

“Sobre pistas clandestinas, correspondía al director del AP que remita esa nota al Ministerio de Gobierno y cuando estaba Abel Mamani, no quiso enviar esta información. Es altamente sensible, hay intereses políticos en esto, económicos como explotación de madera, oro, favorecer a algunas empresas a que entren a trabajar al AP, pese a que la zonificación no lo permite”. Sumado a todo está la ampliación de la frontera de la coca, dijo.

Según él, se estaba elaborando un proyecto de ley con mucha discreción, para legitimar el derecho de quienes estaban ahí, pero impedir nuevos avasallamientos. Sin embargo, se enteraron de la ley y han entrado a traficar con lotes, para que después nadie pueda sacarlos”, explicó.

Roberto Portuguez, jefe de protección del Parque Carrasco, en Cochabamba, fue designado a otra AP. Es uno de los más persistentes denunciantes de avasallamientos en la zona, donde pasaron de 20 a 14 guardaparques. Dijo que desde 2013 no tenían asesor jurídico por falta de presupuesto, cuando se retiraron las ONG, y que el año pasado, cuando repusieron al asesor legal, él inició 10 procesos por avasallamiento. “Presumo que mi cambio de destino está ligado a eso, quizás he molestado a las autoridades y a organizaciones”, aseveró.

Los guardaparques ganan menos de Bs 5.000 y quedan en el área protegida por 24 días, las 24 horas.




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