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El INRA dotó tierras en varios puntos que ya estaban ocupados por originarios

El problema entre las comunidades chiquitana Ebenezer y de colonos Jerusalén 3 es solo uno. Similar situación se ha dado en Santa Ana, en San Miguel y en Pailón, elevando la posibilidad de conflictos. Personal del INRA anuncia inspecciones


Fuente: El Deber/Silvana Vicente


Hace poco falleció Lino Peña, habitante de la comunidad chiquitana Ebenezer, de 78 años, tras un violento encuentro con los comunarios de Jerusalén 3.

El detonante fue el pedido de que las personas de Ebenezer desalojen el lugar, en San Ignacio de Velasco, para que los dueños reconocidos por el INRA, los miembros de Jerusalén 3, ocupen el espacio que les fue entregado con resolución administrativa de asentamiento. Los indígenas de Ebenezer se negaron, y desde entonces el problema ya ha sido judicializado.

Ebenezer no es una excepción, sino uno de varios problemas con el mismo matiz. En la misma circunstancia están San Joaquín de Lomerío, en San Miguel de Velasco; Pailoncito, en Pailón; y Nueva Jerusalén Distrito 5, en Santa Ana de Velasco. Asimismo, en la zona de Charagua afrontan similar situación, sobre todo en la parte de Isoso.

En el caso de San Joaquín, también han sido notificados por el INRA con orden de desalojo; en Pailoncito, la Policía y el fiscal de Pailón, Camilo Velásquez ya arrestaron a dos de ellos y les retuvieron sus documentos y celulares -denuncian-; y en Nueva Jerusalén D-5, la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (Acisiv) está gestionando que se priorice a los originarios, pero ya hubo insultos, roces y demanda con la Fiscalía.

Todos los originarios aseguran que habitan la zona desde hace tiempo, a diferencia de los que fueron beneficiados con las resoluciones de asentamientos, “que llegaron recién con GPS”. Ninguna de las comunidades chiquitanas está dispuesta a salir de donde se encuentra.

Según Pura Cichipa, dirigente de la Central Indígena de Chiquitana de Pailón, explicó que en Pailón hay otras “potenciales bombas de tiempo”, ya que existen hasta tres solicitudes sobre un mismo predio.

“El INRA no sigue el procedimiento, como manda la ley, de que cuando hay dos o más solicitudes, se debe conciliar con quienes solicitan, está vulnerando derechos y cometiendo atropellos”, dijo, poniendo como ejemplo el desliz en el caso de Pailoncito y bartolinas.

Los comunarios de Pailoncito dieron a conocer a EL DEBER el acta que este lunes 9 de agosto entregarán a la Cidob, y que esta organización hará llegar al INRA. Dejan claro que se mantendrán en el lugar.

“Por unanimidad no aceptamos la reubicación, estamos amparados por el artículo 2 de la CPE, que nos da potestad de dominio ancestral territorial y nadie nos sacará porque tenemos nuestra propia justicia indígena, por encima de la ordinaria”, dice el documento.

Según ellos, antes de esta acta habían firmado otra, que les dijeron era un acuerdo preliminar para ver si aceptaban, pero que “nunca fue un sí a la reubicación”.

“Primero nos ofrecieron mandarnos a Charagua, lejísimo, porque supuestamente era el único lugar donde había las 1.528 hectáreas que solicitamos. Luego dijeron que nos darían el recorte de un predio privado, pero que recién cuando aceptemos el INRA informaría a los de ese lugar de la decisión. Además, donde estamos, del total de 248 ha, nos toca de a 13 ha a cada una de las 20 familias, en cambió allá sería de a 4 ha por cada familia”, explicó Giseli Cuéllar, cacique de acta de Pailoncito.

Cuéllar además denunció que en la lista de la resolución del INRA que beneficia a 68 familias de bartolinas se encuentra la presidenta del Concejo Municipal por el MAS, Elsa Quisbert, la que fuera candidata a diputada por el MAS, Elizabeth Santos, y otros funcionarios municipales de Pailón. Asimismo, dijo que Felipa Yalily Montenegro, dirigente de las bartolinas, que tuvo que ver con tierras en Lomerío.

Evidentemente, en un video de las bartolinas, aparece Elsa Quisbert como presidenta de las comunidades beneficiadas. “Les llevan agua en cisternas de la Alcaldía”, dijo Cuéllar.

La cacique de actas de Pailoncito también denunció que la Policía y el fiscal, cuando fueron a desalojar, se llevaron los carnet de los comunarios, los celulares y “sospechosamente” los libros de actas de Pailoncito.

En la reunión el conciliación, según Cichipa, el INRA explicó que se dotó con las tierras a las bartolinas porque ellas solicitaron el lugar en 2014, y Pailoncito en 2016. “Nunca mostraron la hoja de ruta, sin embargo nosotros les mostramos todo lo que teníamos. Además, el INRA tenía la carpeta completa de las bartolinas, y nos dijeron que habían perdido nuestra carpeta de solicitud”, cuestionó Cuéllar.

En el caso de San Joaquín de Lomerío, Ángela Socoré Tomichá, la cacique, explicó que el INRA apareció el 29 de julio en la comunidad con una notificación para que desalojen en 72 horas.

“Nosotros estamos ahí desde 2017 y ellos tienen una resolución de finales de 2018. Solicitamos el predio en noviembre de 2017 y nunca nos dieron cabida. Estoy peregrinando por la documentación, creo que pedimos y les dieron la documentación a ellos”, lamentó.

Según Socoré, los supuestos propietarios eran apenas siete personas de una misma familia, a pesar de que la resolución era para 45 familias. Son interculturales, apellidan Guarachi, mientras que nosotros somos 53 familias oriundas, criadas en Lomerío. Vamos a pelear por nuestra tierra”, advirtió.

La cacique denunció que la gente llegó en camionetas desde Cuatro Cañadas, “lo dijo el chofer cuando los sacamos, que solo estaba ahí para ganarse unos pesos”, aseguró.

El mismo día de la notificación del INRA, por la tarde, hubo enfrentamientos en el sitio, y la tensión continúa.

El caso de Ebenezer/Jerusalén 3 sigue en la instancia judicial. Según Patricia Patiño, abogada de los chiquitanos, por un medio de comunicación de San Ignacio se enteró de que supuestamente existe una orden de aprehensión para la cacique de Ebenezer, y lamentó las llamadas de personas para amedrentarla y reclamarle por qué defiende a Ebenezer.

“Me llamó un intercultural de nombre Marcial, lo tengo grabado, muy molesto, cuestionando por qué yo defendía a los chiquitanos”, dijo.

Patiño también denunció que el Hospital Japonés no entregó el informe médico ampliatorio que solicitaron sobre el estado de salud de Lino Peña, el comunario que murió, según los chiquitanos por golpes y pulmón perforado, y según el ministro de Gobierno por Covid-19.

“La diputada María René Álvarez solicitó el informe médico y no se lo dieron, tampoco a la familia que vino conmigo a Santa Cruz, pero se lo dieron al fiscal que vino con una mujer que se hizo pasar por mí”, cuestionó.

Patiño insiste en que en el Japonés nunca le realizaron prueba Covid-19 a Lino Peña. Asimismo, dijo que a pesar de que el muerto es del lado de los chiquitanos, cuando solicitó garantías constitucionales para ellos al fiscal Nelson Illanes, este más bien las otorgó a Mary Luz Soleto de Chamo, Armando García Chacón y Constancio Delgado Huanca, y denunció a Armando García como agresor de Lino Peña.

En el conflicto entre los chiquitanos de Nueva Jerusalén D-5 y los colonos de San Juan de las Piedritas, Fernando Rojas, de Acisiv, responsabilizó a la anterior gestión de Acisiv, igual que en el caso de Ebenezer, por certificar a personas ajenas al lugar por encima de los originarios.

“No puedo comprobar que hubo corrupción y venta de tierras, pero hay irregularidades porque en lugar de ayudar a los originarios a armar sus carpetas, apoyaron a la gente del interior”, lamentó el dirigente chiquitano.

De acuerdo a Rojas, los chiquitanos ya estaban asentados ahí cuando llegaron los colonos con su resolución, “viven ahí una eternidad. El INRA hizo las dotaciones desde el escritorio, el INRA a veces confía en los dirigentes, pero es un trabajo mal hecho, lo legal es ir al lugar, además, el censo a los colonos lo hicieron en San Julián o en Yapacaní”, criticó.

Rojas dijo que lo que muchas veces se hace, según él es lo que pasó con los comunarios de San Juan de las Piedritas, es poner a “dos cambas de caciques y el resto de gente viene de otros departamentos del Occidente”, indicó.

Otro gran problema que mencionó Rojas es con los privados a los que se hicieron recortes. “Tienen sus tierras alambradas y los indígenas no pueden tomar posesión”. También abordó el “eterno problema de Campamento”, ya que el INRA les quitó tierra para dar a los interculturales de las “trillizas” (Chirimoya, Tierra Firme y Tierra Hermosa).

En cuanto al tráfico de las tierras, explicó que sigue ocurriendo, cuando un dirigente se hace dar resolución, pide carnet a los supuestos beneficiarios para respaldar su solicitud ante el INRA, pero después bota a la gente de la comunidad cuando dejan de dar algún aporte.

“Y así meten a otros nuevos beneficiarios, a pesar de que la ley lo prohíbe, les venden la tierra, y el que recibe la plata es el dirigente,. También han formado comunidades solo con chiquitanos, los han botado a todos para alquilarlas o venderlas, es el caso de Monte Alto, solicitada por Venancio Gómez”, denunció.

Raquel Antúnez, capitana de la zona norte de Charagua, dijo que los guaraníes están muy molestos por el problema de Ñembi Guasu, donde el INRA ha entregado, hasta donde saben, más de 80 resoluciones de asentamiento, a pesar de que es un área de conservación aprobada por medio de la autonomía indígena.

“Están entrando interculturales y ni siquiera nos preguntan, están partiendo, parcelando y desmontando sin nuestro consentimiento”, lamentó, y reconoció que hay sobreposiciones en Isoso.

Los guaraníes ya demandaron al IMRA y a la ABT ante el Tribunal Agroambiental y exigen la anulación de las resoluciones y explicaciones por los desmontes.

Paralelamente, los asambleístas departamentales hicieron un recorrido por 40 comunidades chiquitanas, concluyeron que el 95% de las comunidades son fantasmas y que el INRA autorizó asentamientos en áreas protegidas y a personas ajenas al lugar.

INRA llegará a inspeccionar

El director departamental INRA Santa Cruz, Adalberto Rojas, comunicó que para estos días tienen programado un trabajo de campo en la Chiquitania.

“Dicho trabajo tiene que ver con inspecciones de predios y entrega de resoluciones al sector indígena”, indicó Rojas.

Los pobladores de las comunidades aguardan la visita de las autoridades, porque ven una oportunidad para exponer sus demandas sobre el tema tierra que ahora los tiene en medio de tensiones. Esperan que el encuentro se realice en el transcurso de esta semana.

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