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El MAS tiene listo un proyecto de ley para prohibir el uso de la biotecnología en el país

La proyectista es la diputada Concepción Ortiz. El 25 de septiembre, la Sala Constitucional de Santa Cruz dirimirá la acción popular interpuesta por activistas que buscan vetar los transgénicos. Para el agro es la última ‘arma’ para reactivar la economía y el empleo.


Fuente: Fuente: El Deber, Fernando Rojas Moreno.

EL DEBER accedió al proyecto de ley que dispone la prohibición de transgénicos y abroga el Decreto Supremo 4232 del 7 de mayo de 2020, aprobado por el actual Gobierno que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad abreviar la evaluación de semillas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados destinados para el consumo interno y exportación. El proyecto toma relevancia, porque el 25 de septiembre la Sala Constitucional de Santa Cruz dirimirá si Bolivia adopta o no la biotecnología. 

La proyectista de la norma es la diputada Concepción Ortiz, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Contiene dos artículos y una disposición final. 

El primero, especifica que en el marco del artículo 409 y 255, parágrafo II, numeral 8 de la Constitucional Política del Estado, se prohíbe el uso de transgénicos en la producción, importación y comercialización de alimentos en el país.

El segundo artículo señala que cualquier estudio científico que habilite el uso de transgénicos en la producción de alimentos con modificación genética para el consumo en el país deberá ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa.


La única disposición final abroga el DS 4232 de 7 de mayo de 2020. Desde el martes, en reiteradas ocasiones, se trató de contactar telefónicamente a la parlamentaria proyectista, pero no constestó ni atendió su equipo móvil.

Lo contradictorio es que, en ninguna parte del proyecto de ley, Ortiz hace referencia al DS 3874 de 18 de abril de 2019, promulgado por el entonces presidente Evo Morales, que autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad simplificar la evaluación de la soya -eventos HB4 e Intacta-, destinados a la producción de biodiésel. Se estableció un plazo de 60 días para la aprobación, que no prosperó a la fecha.

Para la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) poner el ‘candado’ al uso de semillas genéticamente mejoradas y atacar al negocio de la soya ocultan un efecto suicida que sería prohibir no sólo nuevos eventos sino el único y obsoleto en soya RR.


Exteriorizan que, de las 1,3 millones de hectáreas de soya que se cultivan en el oriente boliviano, el 98% se lo hace con soya RR, lanzada en 2005 en Bolivia.

“Eso significaría que en la próxima campaña de verano se dejen de sembrar un millón de hectáreas porque no existe semilla convencional para abastecer el área proyectada para el ciclo agrícola 2020-2021. Además, significaría dejar en cero la producción de dos millones de toneladas que se cosechan todos los años en esa campaña”, manifiestan desde la organización agropecuaria.


Aluden que nadie dijo hasta ahora que cultivar soya, maíz y sorgo permiten producir carne de pollo y de cerdo, huevo y leche para el consumo diario de la población. 

“A los pequeños productores avícolas, lecheros y porcinocultores les será imposible competir con los precios de países vecinos porque tendrían que importar maíz y otros insumos transgénicos desde 1.500 km, por lo que el costo de transporte inviabiliza estas actividades”, exponen, al enfatizar que la población terminará consumiendo productos transgénicos a precios altos y, con seguridad, habrá problemas de desabastecimiento de dichos productos.

En una entrevista con EL DEBER, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, señaló que el decreto y el reglamento aprobados, que viabilizan la biotecnología, será defendido por el Gobierno.

Fuego cruzado

El proyecto de ley de la diputada Ortiz se suma a la acción popular interpuesta por organizaciones indígenas y sociedad civil contra los decretos que autorizan la evaluación de nuevos cultivos transgénicos en Bolivia. La audiencia y el veredicto se resolverán el 25 de septiembre.

Este recurso legal es repelido por los ‘eslabones’ del aparato productivo y organizaciones empresariales regionales y nacionales que ven una amenaza a la seguridad alimentaria del país y el empleo.

Agricultores de Cuatro Cañadas, San Julián, Pailón, El Puente, Okinawa, San Pedro y Fernández Alonzo, municipios cruceños con vocación productiva de granos, ven un intento de destruir el modelo productivo cruceño.

Expresaron la necesidad de acceder a la biotecnología para incrementar la productividad en campo y mitigar los efectos climáticos adversos y el ataque de plagas que les ocasionan cuantiosas pérdidas económicas.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alerta que la seguridad alimentaria y el futuro de la actividad agropecuaria y agroindustrial del oriente boliviano están comprometidos.

Desde 2005 -se autorizó la biotecnología en soya-, según su gerente general Jaime Hernández, el sector mejoró la productividad un 20%, pasando a un rendimiento promedio de 2,2 t/h contra las 1,8 t/h obtenidas sin biotecnología. 

En términos productivos, equivale a un excedente de 7,8 millones de toneladas de granos que generaron un movimiento económico adicional de más de$us 2.000 millones.

Con nuevos eventos biotecnológicos, Hernández cree que el sector puede incrementar la productividad de soya un 25%, hasta 2,7 t/h y, en el caso de maíz, duplicar hasta 5 t/h.

Alude que eso implicaría una producción adicional de un millón de toneladas de ambos granos y $us 500 millones en la generación de ingresos para toda la cadena productiva (transportistas, proveedores de insumos, exportadores, entre otros sectores).

“La biotecnología es de vital importancia porque hablamos de la sobrevivencia del sector productivo que garantiza la producción anual de 4,5 millones de toneladas de granos de soya, maíz, trigo, girasol y sorgo. Disminuirán las pérdidas por la sequía y ataque agresivo de plagas”, apuntó Hernández.

El codirector de la Fundación Productividad Biósfera y Medio Ambiente (Probioma), Miguel Ángel Crespo, expuso que ellos no se oponen a la biotecnología, sino a una parte de la misma que son los transgénicos, porque no hay razón para adoptarlos en Bolivia. Arguye que desde la introducción de la soya transgénica los rendimientos incrementaron muy poco, pero sí escaló más del 300% el uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas asociados a la soya en el país. “Es una evidencia irrefutable”, dijo.

Subraya que se debe retomar la selección de variedades de cultivos y el mejoramiento genético de los mismos, según clima, suelos y resistencia, promoviendo la investigacion e innovación científica en el país.

“Los transgénicos son semillas que tienen un dueño y vienen asociados a un paquete de agroquímicos y ello redunda en una fuerte dependencia tecnológica y económica rompiendo lo poco que queda de soberanía alimentaria y científica. Un país que no hace ciencia no es libre”, mencionó Crespo.

En las dos últimas décadas, el sector oleaginoso generó cerca de $us 13.000 millones por exportación de 34 millones de toneladas de soya y derivados, de acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

En la dimensión social, representa más de 100.000 empleos directos e indirectos y un millón de personas se benefician del sector. “Ese es el riesgo si es que prospera la acción popular”, alertan desde la institución.

Asimismo, advierte que la salud de la economía está en peligro, no solo por la pandemia del Covid-19, que destruyó más de 430.000 empleos en el país, sino que -de no tomarse políticas valientes e inteligentes para impedir que la recesión vaya más allá de 2020- mucha gente volverá a la pobreza.

Perciben que el recurso legal pone en vilo la soberanía alimentaria lograda en base al ‘exitoso’ modelo productivo cruceño y que abre la posibilidad de un retroceso en la producción de soya, trigo, maíz, sorgo y girasol, y así también, la producción de carnes y lácteos.

El miércoles, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales denunciaron amenazas que buscan limitar el derecho a la participación en el debate y definición de políticas públicas que tienen que ver con los alimentos de los bolivianos.

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