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El saneamiento de tierras desde el 2017 avanzó apenas un 3 % Según los datos del informe del INRA.

Complejo. Según los expertos en el tema, el proceso a lo largo de todos estos años ha sido fallido, por la permanente intervención política y la corrupción reinante.


Fuente: El Dia,Ismael Luna Acevedo.

El saneamiento y titulación de tierras en el país, iniciada en 1996, sigue siendo la espina en el zapato para el Gobierno de turno. Dicho proceso, llevado a cabo a través del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), conforme a ley se cerró el 31 de octubre de 2017, con la regularización de solo el 83 % del total de 106 millones de hectáreas. De esa fecha hasta diciembre de 2019 registra solo un avance del 3 %, con un saldo de un 14 % sin saber cuándo exactamente culminará la legalización.

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alejandro Machicao, en la Rendición Pública de Cuentas Final 2019, realizada este viernes informó que el proceso de legalización de tierras llegó a 88.400,646 hectáreas, lo que representa un 86 % de la superficie total quedando pendiente tan solo un 14 %.

“Cabe recordar que en 1996 la superficie saneada y titulada alcanzó a 161,678 hectáreas, mientras que en 2019 llegó a 2.640,122; asimismo el número de títulos emitidos en 1996 fue de 56, a diferencia de 2019 que se entregó 169.667”, aseguró Machicao, en su informe. 

Durante este corto periodo. Machicao, informó que desde que asumió la presidencia, Jeanine Áñez como jefe del Estado, la entrega de títulos ejecutoriales se regularizó y transparentó, ya que el régimen del MAS había paralizado las entregas por diferentes aspectos irregulares como extorsiones y malos manejos.

“De noviembre al 31 de diciembre de 2019, el INRA entregó 596 títulos ejecutoriales en beneficio de campesinos, indígenas, interculturales, pequeños, medianos productores lo que garantiza su derecho propietario y le brinda seguridad jurídica. De esos 596 títulos de propiedad el 45 % son beneficiarias mujeres; 53 % varones y 2 % personas jurídicas”, enfatizó.

En relación al Catastro Rural, las autoridades del INRA aseguraron que en 2019 se emitieron 48.065 certificados catastrales que fueron en beneficio de 54.034 personas.  

El titular del INRA enfatizó que en la actualidad la atención y servicio a los beneficiarios se agilizó y transparentó como parte de la nueva política que lleva el actual Gobierno.

Las críticas no cesan. Gonzalo Colque, director de la Fundación Tierra, en contacto con El Día, no se cansa de mencionar que el saneamiento y titulación de tierras es un proceso fallido, cuya característica mayor es el de siempre: consolida el modelo de tenencia dual que arrastramos desde 1953, donde en lugar de acabar con las viejas prácticas del minifundio y cortar de raíz el latifundio, se alentó una agricultura campesina en crisis de las tierras altas y por otro, la agricultura destructiva a gran escala en las tierras bajas. 

“El INRA dejó para el final los casos más conflictivos y morosos de sanear y titular, como son las tierras con disputas legales entre propietarios y los minifundios andinos que no son significativos en tamaño, pero si cuanto a número de familias y comunidades. En adelante no vamos a tener avances significativos en superficie saneada”, asegura Colque.

En los últimos 14 años del Gobierno de Evo Morales, el manejo del tema tierra, ha sido complejo y con alta intervención política que, en el fondo, como efecto de las contradicciones propias de una política del Estado, dejó al descubierto una inseguridad jurídica de la propiedad, la tenencia y las nuevas dotaciones de tierras. 

“Es cierto que el INRA se desinstitucionalizó en extremo en los últimos años y perdió su carácter de órgano técnico y jurídico. Decir INRA hoy en día es sinónimo de corrupción, tráfico de tierras, dirigentes campesinos con procesos legales, exautoridades que huyen de la justicia”, grafica el experto de la Fundación Tierra.

Una mejora institucional. Pese a las críticas el director del INRA, destacó el viernes que el proceso de reestructuración y mejoras en la institución desde noviembre de 2019. “Es nuestra responsabilidad como actuales autoridades señalar que a partir de noviembre se inició un proceso de reestructuración al interior del INRA, lo que permitió en el último tramo de 2019, mejorar y agilizar el servicio en bien de nuestros beneficiarios”, dijo la autoridad. 

Según datos de las autoridades del INRA, en 2019 de un presupuesto programado de 193.238.718 bolivianos, fueron ejecutados 125.924,593, es decir que llegó al 65 % en 2019.

Colque remarca que actualmente el INRA no sufre de lentitud, sino que ya no tiene mucho que hacer después de haber titulado de forma expedita todo tipo de propiedad, especialmente las grandes propiedades y tierras que antes eran fiscales, incumpliendo su mandato de verificar el origen legal de las propiedades pretendidas.

“El INRA sufre de un problema mucho más grave que se llama tráfico de tierras. Lo que corresponde es la intervención y auditoría de esta entidad para identificar a los responsables y anular todos los actos ilegales de blanqueamiento de derechos propietarios y sus antecedentes agrarios”, enfatiza el experto. 

26 Años De vigencia de la Ley INRA el avance es lento.

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