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Informe técnico establece que reserva de Bajo Paraguá es tierra fiscal no disponible

Especialistas del INRA coinciden en que el área no puede ser ocupada porque es espacio protegido. La entidad rechazó 54 solicitudes de dotación, pese a esto hay 12 comunidades asentadas. El documento conmina a la ABT a sacar a los invasores


Fuente: El Deber/Ernesto Estremadoiro

Es oficial. Un informe técnico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró tierra fiscal no disponible a la Reserva Forestal de Bajo Paraguá y ordenó a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) desalojar a los invasores del espacio natural. Esta área está ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco y tiene una extensión de casi un millón de hectáreas.

En los últimos meses, varias comunidades indígenas y autoridades de ese municipio denunciaron la ocupación ilegal de la reserva por parte de varias comunidades interculturales, simpatizantes de forma abierta del actual partido de Gobierno.

Las denuncias no solo se quedaron en palabras, sino también que hubo fricciones entre ese sector que alegaba tener el aval estatal para su asentamiento y los nativos, que exigen respetar el hábitat del lugar.

Un reciente reportaje realizado por EL DEBER junto con Mongabay Latam, dejó al descubierto cómo los traficantes de tierra invadieron esa zona y desmontaron varias hectáreas de bosques a su paso. Pese a que, por ley el área no puede tocarse, la deforestación continúa.

¿Qué dice el informe?

Emitido el 18 de julio, el informe del INRA sostiene que incluso la institución recibió 54 solicitudes para la dotación de tierra fiscal, pero que fueron rechazadas por sobreponerse a la reserva natural, que está registrada como ‘tierra fiscal no disponible’.

Esta declaratoria, según este informe, tiene su sustento legal en el artículo 2 del Decreto Supremo N.º 22024 que crea esa reserva.

Este apartado establece que “queda terminantemente prohibida la ocupación de tierras mediante asentamientos o dotaciones, así como toda actividad de caza y pesca dentro de la reserva forestal”.

Es más, el documento precisa que por este motivo el INRA no inició ni iniciará procesos de dotación Ordinaria de Tierra Fiscales.

En ese contexto, el informe conmina a la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra (ABT) a coadyuvar en la defensa y protección del Área Protegida Bajo Paraguá, según lo establecido en el artículo 14, parágrafo III de la Ley N.º 1700. Esta norma dispone que cualquier persona que ocupe tierras de protección, áreas protegidas o reservas naturales, debe ser notificada por la autoridad competente para que desaloje las mismas. Por último, los especialistas que elaboraron el informe recomendaron al INRA remitir el mismo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la institución. Este documento fue elaborado a solicitud del Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco, que denunció el ingreso ilegal a ese espacio natural. La comuna también solicitó al INRA que se realicen acciones para desalojar de forma inmediata a las personas que se asentaron de forma ilegal en ese espacio. Desforestación no cesa Pese que el informe se entregó hace un mes, la invasión ilegal continúa en la reserva. Así lo denunció Aurelio Vaca El Hage, subgobernador de San Ignacio de Velasco. La autoridad señaló que en la reserva de Bajo Paraguá existen cinco comunidades indígenas: Florida, Porvenir, Picaflor, Piso Firme y Cachuela, que por años han habitado sus bosques. Todas conforman la Central Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa). “Son una TCO (Tierra Comunitaria de Origen) en la cual los indígenas aprovechan el bosque para poder vivir. Ellos desmontan media hectárea, no como la gente que está llegando y desmontan cientos”, dijo. Sin embargo, desde hace varios meses, unas 12 comunidades interculturales se han asentado en ese territorio pese a que la normativa prohíbe que lo hagan. “Hay información, vía satelital, donde se evidencia que la deforestación continúa en la reserva”, denunció la autoridad. La reserva de Bajo Paraguá no es la única en peligro, Vaca aseguró que incluso comunidades interculturales deforestaron 67 hectáreas de bosque del parque Nacional Noel Kempff Mercado. La autoridad denunció que existen versiones sobre la presencia del narcotráfico en la zona, por lo que pidió un informe a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Lázaro Tacoó, presidente la Coordinadora de la Nación Chiquitana, explicó que se conformó un ‘comité de gestión’ para analizar las acciones que se deben realizar frente al asentamiento ilegal en esa área.

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