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Los agricultores no se rinden y proponen el uso zonificado de la biotecnología

Según la Cappo, se trabaja en un proyecto de ley que regule la adopción de transgénicos con un alcance en cultivos específicos y en municipios productivos de las zonas este y norte de Santa Cruz


Fuente: El Deber/ Fernando Rojas

Tras el anuncio del Gobierno del presidente Luis Arce de abrogar los decretos que permitían el ensayo de biotecnología en maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, los pequeños productores del oriente no se rinden y encaminan un proyecto de ley que autorice el uso zonificado de biotecnología, como una herramienta que permita eficiencia en costos y mayor productividad en campo.

La semana pasada, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, el Gobierno anunció la anulación de los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348 aprobados en el régimen de Jeanine Áñez para la producción de alimentos transgénicos. La disposición 4232 autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

A decir del presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, el sábado se reunieron con autoridades de los ministerios de Medioambiente y Agua y Desarrollo Rural y Tierras para escuchar los justificativos que llevaron a la abrogación de los decretos. Insinuó que fueron informados de que carecían de fundamento técnico, económico y no garantizaban la bioseguridad, y al final los asistentes a la cita aprobaron la explicación.

No obstante, según Barrientos, en atención a una demanda sectorial y compromiso de las autoridades se trabaja en un proyecto de ley que regule la adopción de biotecnología con un alcance zonificado en municipios productivos de las zonas este y norte del departamento de Santa Cruz. La propuesta corresponde a Cappo.

“Hay plena coincidencia con los hermanos del occidente de preservar y defender la producción orgánica y ecológica, pero tampoco pueden satanizarnos a los agricultores del oriente que no resistimos más pérdidas económicas por efectos climatológicos y plagas en los cultivos. La biotecnología evita mayor contaminación del ambiente y reduce los costos porque se fumiga menos y no se desmonta porque se cultiva en la misma superficie. Ganamos todos, el agro porque alcanza mayor productividad y rentabilidad y el Gobierno recibe ingresos frescos por exportación”, anotó Barrientos.

En la otra vereda

El viernes a su llegada a Santa Cruz para sostener una reunión con el sector productivo, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, en contacto con medios televisivos, afirmó que el Gobierno “viabilizará la producción con tecnología” y que se va a empezar con el cultivo de la soya.

Insinuó que el tema de los transgénicos debe tratarse con una ley. “Queremos viabilizar la producción con tecnología, pero con fundamentos técnicos y económicos”, expuso y aclaró que el abrogado decreto 4232 carecía de fundamentos técnicos y económicos, y no garantizaba la bioseguridad.

A decir de la diputada oficialista y exejecutiva de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado, Deysi Choque, la propuesta de los pequeños productores del oriente referente al uso de biotecnología siempre fue con un alcance específico en cultivos y zonificado porque no todas las regiones productivas de Bolivia quieren utilizar esta herramienta.

“De la manera abierta como se pretendió en el Gobierno transitorio no era nada responsable para el medioambiente ni para los consumidores y, peor aún, para preservar las variedades de maíz que se cultivan en el país. Propusimos adoptar nuevos eventos biotecnológicos en cultivos y zonas específicas, en este caso Santa Cruz, valorando que es un gran productor, y para destinar a la producción de biocombustibles, en el caso de la soya y caña”, anotó Choque.

Pacto productivo

Conocida la anulación de los decretos, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) rechazó la decisión a la que califica de un retroceso porque impide que miles de productores bolivianos puedan acceder a la biotecnología para mejorar su productividad y disminuir los riesgos de pérdidas productivas por efectos climáticos adversos, como la sequía y el ataque agresivo de plagas como el gusano cogollero en el cultivo de maíz.

Anapo plantea al Gobierno un pacto productivo que facilite el acceso al uso de nuevos eventos de organismos genéticamente modificados, en soya y maíz, con el propósito de aumentar la producción para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria y energética.

A foja cero

Una fuente del Comité Nacional de Bioseguridad -prefirió el anonimato- indicó que al ser un decreto con mandato imperativo decretado en la gestión transitoria, el procedimiento abreviado que establecía los tiempos administrativos de revisión de documentación se cumplió, pero que no puso en práctica porque no hubo solicitud de evaluación y validación en campo. “Con la abrogación del decreto ya no sirve y todo el trabajo vuelve a fojas cero”, refirió.

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