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Revelan que exfuncionaria del INRA se adjudicó tierras fiscales

Es concubina de un dirigente sindical de Pailón. La anulación de 12 asentamientos humanos abarcan 21.000 hectáreas. Fiscalía libra orden de aprehensión contra exministro Cocarico.

Fuente: El Deber, Marcelo Campos Vélez.

El ‘Clan León’. Así calificó el Gobierno a un grupo de personas que se benefició con la dotación de tierras fiscales en Santa Cruz. Por ello, se está investigando a una exfuncionaria del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Cochabamba que habría incurrido en este delito y que tiene lazos con un dirigente sindical de la provincia Chiquitos, que aparece como beneficiario de predios.Mauricio Rojas, director General de Tierras del INRA, informó que durante el trabajo de verificación se identificó en la comunidad Los Tajibos, la existencia de beneficiarios que fueron parte del INRA Cochabamba.“Esta persona aparece inicialmente depurada, pero más adelante figura sin justificativo alguno como beneficiaria de la tierra fiscal, siendo que está prohibido que los funcionarios sean favorecidos con tierras”, dijo Rojas.Hizo notar que la exfuncionaria es cónyuge de un dirigente de la zona de Pailón de nombre H. L., quien a su vez es beneficiario de tierras fiscales en la comunidad Los Sauces, propiedad anulada en el proceso de auditoría. El funcionario del INRA resaltó que se está haciendo una investigación de tipo agrario, pero que generaría otro tipo de responsabilidades como tráfico de influencias, entre otros delitos. Asimismo, denunció que las brigadas del INRA fueron amenazadas en el trabajo de campo y que también han recibido amenazas, a través de mensajes en teléfonos celulares.

Hubo un manejo político.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco señaló que se ha hecho un uso político de los asentamientos humanos en donde el denominado ‘Clan León’ fue beneficiado. Asimismo, señaló que se fiscalizó 24 comunidades en Pailón, de las cuales se anuló la resolución de asentamiento a 12 que abarcan unas 21.734 hectáreas. También, explicó que se procedió a la anulación porque 10 comunidades estaban completamente abandonadas, una estaba alquilada a una tercera persona y otra tenía solo un casero al que se le cancelaba Bs 1.500 por cuidar el terreno.“Las tierras vuelven al Estado y podrían ingresar en el programa de asentamiento humano si es que no son de uso forestal. Hubo un manejo político de los asentamientos humanos, en muchos casos los beneficiarios son hermanos, tíos y sobrinos de las diferentes exautoridades a cargo del INRA, incluso del Tribunal Agroambiental”, dijo. En tanto, Jacinto Herrera, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afirmó que el INRA está haciendo un trabajo político más que institucional. Además, negó que los comunarios hayan obstruido el trabajo de los funcionarios y más bien ayudaron con la alimentación y transporte. Denotó que no defenderán a las comunidades que no cumplan con la función económico social (FES), pero pidió al INRA seguir las normas.

Ministerio Público.

El fiscal Alexis Vilela libró un mandamiento de aprehensión para el exministro César Cocarico, por la presunta comisión de incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales en el INRA.

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