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Soyeros consideran que la banda de precios distorsiona los costos

Anapo estima que el mecanismo resta la posibilidad de mejorar los costos con las aceiteras. Los avicultores ven que es una buena medida para los productores


Fuente: El Deber / Juan Carlos Salinas

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresaron su rechazo al sistema de banda de precios de la soya, pues consideran que pierden capacidad de negociación con la industria aceitera y no podrán aprovechar los buenos precios internacionales del grano, que en la actualidad se ubica en los $us 520 la tonelada.


Fidel Flores, presidente de Anapo, hizo conocer su preocupación sobre la política de banda de precios y los cupos de abastecimiento retomados por el Gobierno para la venta de la harina de soya en el mercado interno, ya que considera que esta modalidad genera confusión durante la comercialización del grano de soya.


Flores remarcó que el rechazo de las bandas de precios es porque distorsiona el proceso de negociación que el productor intenta iniciar con las agroindustrias, aprovechando que el grano en el mercado internacional registra una importante mejora del valor de la tonelada.


El productor hizo notar que después de varios años de pérdidas productivas y económicas por precios bajos, que llegaron a los $us 250 la tonelada, daños por la sequía, los productores soyeros tienen la posibilidad de recuperarse económicamente para cubrir sus deudas que se arrastran, pero la medida gubernamental los perjudica.


Flores resaltó que los productores de soya realizan un importante aporte con la producción de alimentos estratégicos para garantizar la alimentación de los bolivianos y generan excedentes para las exportaciones, que solo en el caso de la soya, representan más de $us 800 millones anuales.


Jaime Hernández, gerente general de Anapo, explicó que para enero de 2021 la banda de precio establecida por el Gobierno para la harina de soya, que se destina al mercado interno, es de $us 295 la tonelada.

Un precio que considera muy por debajo de las expectativas de exportación que se ubican en los $us 400 la tonelada, algo que a su criterio provoca una distorsión de los costos y que lo mejor sería que el mercado, a partir de la demanda y la oferta, sea el que determine los costos.

Medida positiva

Para el vicepresidente de la Federación Nacional de Avicultores, Winston Ortiz, la presencia del Estado en la determinación de los precios de los derivados de soya es una buena medida, pues a su criterio eso le da cierto equilibrio que por sí solo el mercado no lo consigue.

Ortiz precisó que este tipo de medidas son necesarias debido a que cuando la administración de la expresidenta Jeanine Áñez estuvo al frente del país, el exministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, dejó sin efecto las normas que garantizaban al productor los derivados de soya a un precio justo y obligaba a la cadena oleaginosa, que antes de exportar, debía abastecer al mercado interno.

Una medida de Rojo que, según Ortiz, dio luz verde para el abuso de los agroindustriales que empezaron a cobrar la tonelada del solvente de soya a $us 450, un valor internacional que causó daño a los avicultores, lecheros y porcicultores del país.

Cabe recordar que noviembre de 2020, ante el aumento del precio de la harina de soya solvente, insumo indispensable para la producción de carne de pollo y huevo, el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Ricardo Alandia, denunció este incremento al que calificó como un abuso de las industrias aceiteras.

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